Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, dijo este lunes, luego del Consejo de Ministros, que la denuncia por una posible estafa o mala intención por parte del contratista de las patrulleras oceánicas está encaminada, y señaló que el Gobierno quiere “avanzar por la vía administrativa para denunciar el contrato”.
Consultado sobre qué representa la rescisión del contrato que anunció el presidente Yamandú Orsi, dijo que este proceso implica “un conjunto de acciones”. Sánchez recordó que el contrato no tiene garantía y que el contratista tiene, ahora, el derecho de hacer sus descargos y pedir la mediación”.
Paralelamente, el Gobierno ya realizó la denuncia penal por fraude, además de iniciar el proceso administrativo para denunciar el contrato, algo que, reiteró, “lleva tiempo”.
El secretario de la Presidencia señaló que hay comunicación con el Gobierno y la embajada de España, que asesorarán “en el marco de sus competencias” porque, en este caso, el contrato firmado no es entre gobiernos.
Sánchez repitió que, en el caso de que Cardama finalmente no construya las OPV, se “buscarán alternativas” porque Uruguay necesita las embarcaciones. “Si las negociaciones con el contratista no prosperan hay que buscar un plan B”.
