Paula Tomasik, integrante de un equipo de atención en violencia de género y representante del sindicato SUTIGA, denunció en entrevista con Roberto Diaz la compleja situación que atraviesan las y los trabajadores del sector, quienes enfrentan atrasos sistemáticos en el cobro de sus haberes.
Pese a que las partidas correspondientes a sueldos y aguinaldo fueron regularizadas recientemente tras medidas de fuerza en el departamento de Rocha, Tomasik advirtió que el problema es estructural y persiste en otros puntos del país.
Puntos clave de la situación:
Fallas en la tercerización: El servicio opera mediante convenios entre el Mides y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Según el sindicato, la falta de eficacia en las rendiciones de cuentas y la gestión de estas organizaciones intermediarias genera baches financieros que afectan directamente al trabajador.
Situaciones críticas: Se reportaron equipos de trabajo, principalmente en refugios y atención a personas en situación de calle, con hasta cuatro meses de atraso en sus salarios.
Red de solidaridad: Ante la falta de pagos, el sindicato ha tenido que implementar «canastas solidarias» y campañas de recolección de juguetes para los hijos de los funcionarios afectados.
Deterioro de la política pública:Tomasik señaló una disminución en las exigencias del Estado al contratar a estas OSC, lo que deriva en despidos arbitrarios y una baja en la calidad de atención a poblaciones vulnerables.
Desde SUTIGA se hace un llamado a la regularización definitiva de estos servicios para evitar que la atención a víctimas de violencia de género siga dependiendo de un sistema que califican como «desgastado» y «poco efectivo».




