Los funcionarios, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, son responsables del registro de compraventas de inmuebles y vehículos, entre otros contratos. Según explican, las medidas incluyen la no evacuación de consultas presenciales ni por correo electrónico, la no entrega de documentación, el no cierre de certificados y documentos, y la negativa a procesar documentos digitales y comunes.
El sindicato indicó que actualmente hay menos de 220 funcionarios, más de 50 con causal jubilatoria, y que la plantilla se redujo en un 50% en los últimos diez años, lo que genera sobrecarga de tareas. También afirmaron que se adeuda el pago de un convenio del gobierno de José Mujica.
Sobre los motivos del conflicto, la AFRU manifestó: “El Estado se olvidó de los funcionarios registrales, hace 40 días venimos buscando generar un diálogo más abierto y fluido con el MEC, quien solo nos recibió una vez en este período, manifestando estar trabajando para llegar a una solución beneficiosa para todos”.
El sindicato agregó: “Ayer a última hora se nos informa que el MEC presentó al Presupuesto solo aquellos asuntos que originalmente había presentado, dejando de lado todo lo conversado ya sea con el sindicato como con la Dirección General de los Registros. Nos dejaron librados a nuestra suerte”.
La AFRU concluyó señalando que los reclamos no han sido atendidos y reafirmó: “Por defensa de los puestos de trabajo los funcionarios registrales decimos: ¡no va más! Y exigimos que nuestras reivindicaciones sean tomadas en cuenta”.
