El documento tiene la finalidad de sistematizar propuestas relacionadas al rol y funcionamiento del sistema financiero, y se estructura en base a dos grandes líneas: la inclusión social a la que debe apuntar y favorecer el sistema, y el rol que este debe tener en el desarrollo productivo del país.
En los próximos días el Consejo Central comenzará a presentar el documento, que consta de más de cincuenta páginas, a todos los candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre.
Las recomendaciones de AEBU atacan diversas áreas, como el combate al lavado de activos, la protección de los usuarios y la educación financiera, la inclusión financiera y la modernización del sistema de pagos, el endeudamiento excesivo de los hogares, el desarrollo y el sistema financiero, los bancos públicos y la transformación tecnológica en el mundo del trabajo.
Pero para llegar a estas propuestas es necesario un contexto. Lo primero a tener en cuenta es el crecimiento sostenido que viene teniendo el sistema financiero en los últimos años, incrementando notablemente su volumen de negocios y obteniendo ganancias récord. Esto se ha debido, entre otras cosas, al aumento de la productividad basado en importantes procesos de incorporación tecnológica. Sin embargo, este aumento y estos resultados no han tenido un correlato en los beneficios de los trabajadores y los usuarios del sistema.
«La apropiación de estos avances ha sido exclusiva para los bancos, sin observarse mejoras en las tasas de interés ni en la reducción de costos de los servicios asociados, como las comisiones por pagos electrónicos. Asimismo, los empleados del sector no han visto reflejadas estas ganancias en significativas mejoras salariales o en otras condiciones laborales favorables», explica el documento.
Otro factor coyuntural a tener en cuenta es la progresiva expansión de la banca privada por sobre la pública. Teniendo en cuenta que los privados tienen una baja inserción en el territorio, por lógicas decisiones de mercado, esto tiene efectos negativos en la disponibilidad de servicios y la calidad de atención a los clientes que se da, por ejemplo, en localidades del interior. Por eso defendemos la fortaleza de una banca pública potente, que llegue a todos los rincones del país y a todos los ciudadanos.
En esta situación de crecimiento, es esencial que el sistema financiero asuma un compromiso social más amplio. El documento aprobado por nuestro Consejo Central señala que «los beneficios derivados de la productividad deben ser trasladados a diversas dimensiones que favorezcan al bienestar de la sociedad», y entre ellas se encuentran la innovación, los programas sociales y las políticas medioambientales.
El sistema financiero debe ser transparente y seguro. Por el bien del país, las empresas deben adoptar una postura activa para enfrentar el lavado de activos, llevar adelante una supervisión profunda sobre los nuevos actores que conforman el ecosistema financiero, y crear mecanismos que den protección a los usuarios ante el incremento de la digitalización en el sistema, y las amenazas que este conlleva.
Otro punto que consideramos fundamental para el futuro es que el sistema financiero debe colocar el centro en el usuario. Esto implica implica garantizar el acceso a productos financieros serios, en entidades reguladas, que ofrezcan mayor seguridad y se ajusten a las necesidades reales de los individuos a costos razonables y de forma eficiente y saludable. Para esto se necesita inclusión social y no hay mejor política en este sentido que la inclusión financiera.
Además, los procesos de inclusión financiera vienen acompañados de la modernización del sistema de pagos, que diversifica la oferta de medios de pago y de empresas, generando una mayor competencia y menores costos para los usuarios. Al mismo tiempo, estos desarrollos brindan oportunidades para una mayor formalización y fiscalización de la economía, y son instrumentos adicionales para el Estado en la oportunidad de fortalecer políticas públicas focalizadas.
Para que la inclusión se desarrolle de manera efectiva, es necesaria una educación financiera que permita a las personas no solamente acceder a productos financieros, sino también el conocimiento para hacerlo de manera saludable. Este es otro aspecto que el sindicato entiende sumamente relevante para que se dé una verdadera inclusión en el sistema financiero.
No podemos dejar pasar por alto tampoco un problema que aqueja a muchísimos hogares en Uruguay, que es el del sobreendeudamiento, un fenómeno sumamente complejo y con raíces socioeconómicas estructurales. Nuestra Comisión Técnica Asesora, y otras organizaciones también, lo han tomado como un tema de estudio y han intentado acercarse al problema con una mirada científica pero también propositiva para encontrar soluciones. Está claro que no hay una única salida, pero es imperioso activar una batería de medidas y políticas públicas que atiendan lo más a corto plazo posible este problema.
Finalmente, en este documento AEBU expresa que en el próximo período de Gobierno se debe establecer un sistema financiero al servicio del desarrollo. La falta de acciones estratégicas que actualmente hay sobre su funcionamiento implica importantes pérdidas de bienestar económico, principalmente a mediano y largo plazo. Si queremos un país próspero, es necesario impulsar una banca de desarrollo, promotora de proyectos de inversión socialmente deseables y que fortalezca el vínculo entre el sector financiero y la actividad productiva.
En esta línea, el sistema requiere un especial impulso a las micro y pequeñas empresas. Hoy en día son más de 200.000 en todo el país y emplean al 65% de las personas insertas en el mercado laboral. Es decir, mejorar sus condiciones es mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población.
El Gobierno que asuma el próximo 1° de marzo tiene que apostar a reducir los riesgos y los costos que les representan a las instituciones financieras el otorgamiento de créditos a las pymes, de forma de incentivar estas líneas de crédito y por esa vía permitir su mejor funcionamiento, potenciando a su vez herramientas como las garantías públicas y los subsidios.
Queremos un sistema financiero que asuma su responsabilidad social. En la transformación tecnológica, en las relaciones laborales y con un sistema de protección social consolidado. Es el compromiso de AEBU con el país.
