La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) aprobó, por unanimidad en su Directorio, la implementación de un timbre profesional de $170 sobre registros, informes y actuaciones vinculadas a consultas médicas. La resolución, que comenzará a aplicarse el próximo 1° de agosto, tiene como objetivo fortalecer la recaudación de la entidad ante su compleja situación financiera, con una proyección de ingresos anuales cercana a los 43 millones de dólares.
A pesar de que el voto inicial contó con el respaldo de los dos representantes del Poder Ejecutivo, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias, el Gobierno manifestó posteriormente su rechazo. El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, calificó la medida como «inconveniente» y argumentó que los delegados estatales fueron «inducidos a error» durante la extensa sesión en la que se trató el tema.
Tras la polémica, los representantes del Gobierno intentaron rectificar su posición, pero la solicitud fue desestimada por el Directorio con cinco votos contra dos, lo que derivó en la convocatoria a una instancia de negociación entre ambas partes.
Desde la presidencia de la Caja, Andrés Pérez defendió la resolución asegurando que se trata de un tributo ya previsto por ley y no de un nuevo gravamen, enfatizando que solo el Parlamento tendría las facultades para eliminar dicha obligación. Por otro lado, la Junta Nacional de Salud expresó su preocupación al advertir que esta disposición traslada costos adicionales al sistema sanitario.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de anular la resolución administrativa, marcando un nuevo punto de fricción en la relación con la institución previsional.
