Julio de La Llana analizó el impacto de los TLC y la situación de la gestión departamental en Rocha

El referente  del Partido Humanista e integrante de la Asamblea Popular, Julio de Lallana, reafirmó la postura histórica de su sector en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y anunció una agenda de trabajo territorial que incluirá visitas a la ciudad de Chuy cada dos meses, buscando dar continuidad a la labor realizada durante décadas por  Nerlio Marlas.

Durante una entrevista con Roberto Diaz, De Lallana argumentó que los TLC desprotegen la producción y la industria nacional, afectando directamente al empleo. En ese sentido, señaló que tras la firma del Tratado del Mercosur en 1991, Uruguay perdió 170.000 puestos de trabajo industriales en un plazo de diez años.

Respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el dirigente denunció una falta de transparencia hacia la ciudadanía y advirtió que estos convenios obligan al país a permitir el ingreso de capitales privados de 43 naciones en las empresas públicas, complementando lo ya establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que habilita la privatización de hasta el 49% del paquete accionario de dichas entidades.

> «Nuestras empresas públicas cuentan con suficiente autonomía financiera y capacidad para invertir ellas mismas; no precisan dinero privado y menos extranjero», afirmó De Lallana, quien además criticó el discurso político actual por intentar naturalizar la llegada de capitales externos que, a su juicio, perjudicarán la economía estatal.

Asimismo, el referente de la Asamblea Popular explicó que los tratados vigentes obligan al Estado uruguayo a abrir las compras públicas tales como medicamentos, uniformes y calzado a la competencia internacional, lo que impide utilizar ese gasto soberano para fomentar y generar puestos de trabajo genuinos dentro del territorio nacional.

Finalmente, al ser consultado sobre la gestión de la Intendencia de Rocha, De Lallana advirtió sobre los riesgos del plan de endeudamiento de la actual administración. Sostuvo que el gobierno departamental debería priorizar y optimizar la capacidad de los 1.700 funcionarios municipales para la ejecución de obras, en lugar de recurrir de forma sistemática a la contratación de empresas privadas.