El analista Javier Bonilla expuso una serie de inconsistencias en la política de defensa uruguaya, tras la rescisión del contrato con el astillero Cardama para la construcción de buques patrulleros (OPV).
Los puntos centrales de su análisis incluyen:
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Impacto Financiero: Con un 61% de avance en las estructuras actuales, su eventual traslado a astilleros remotos exigiría transportes especiales con costos estimados en 48,000 USD diarios, lo que supondría un elevado gasto para el Estado.
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Gestión de Asesorías: Se señaló una dependencia de asesores externos y figuras mediáticas sin especialización técnica en áreas estratégicas, lo que posterga la implementación de un sistema de vigilancia marítima eficaz.
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