Durante la emisión dominical, el análisis centró su atención en los proyectos impulsados por actores políticos y ministeriales respecto al monitoreo de comunicaciones y el uso de herramientas tecnológicas para el control ciudadano. Los participantes señalaron que, bajo el argumento de prevenir estafas, delitos informáticos y proteger a la niñez, se avanza hacia un cerco digital que genera preocupación en términos de privacidad y autonomía personal.
En el debate se cuestionó la efectividad real de estas medidas, señalando que los delincuentes profesionales suelen eludir fácilmente los controles tecnológicos, mientras que el ciudadano común experimenta una sensación de invasión en su vida privada. Asimismo, se advirtió sobre el destino y la reserva de los datos recopilados, poniendo en duda las capacidades de los servicios de inteligencia y el funcionamiento del sistema judicial y fiscal para procesar adecuadamente la información.
Finalmente, los columnistas evaluaron que la inversión en infraestructura tecnológica de alto costo resulta insuficiente si no se abordan reformas de fondo en los organismos de seguridad, la administración de justicia y la prevención social, cuestionando además la pertinencia de directrices internacionales en materia de políticas digitales locales.
