Uruguay ha oficializado la puesta en marcha de la «Alerta Amber», un protocolo diseñado para acelerar la localización de menores de edad cuando existan indicios fehacientes de peligro. El sistema, cuya ley fue aprobada en 2025, ha sido finalmente reglamentado por el Ministerio del Interior, integrándose de forma coordinada con la Fiscalía, el Poder Judicial, el INAU y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Para la activación de esta alerta, que será gestionada por el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, deben cumplirse tres requisitos fundamentales: que la persona sea menor de 18 años, que existan elementos que presuman una situación de violencia o delito, y que se cuente con la autorización expresa del denunciante (padre, madre o tutor). Las autoridades han enfatizado que la búsqueda comenzará de inmediato, sin plazos de espera previos.
Una vez activado el protocolo, el Estado desplegará un sistema de difusión masiva en todo el territorio nacional. La información se hará pública a través de medios de comunicación, redes sociales, la aplicación 911, cartelería en rutas, peajes, aeropuertos y puertos. Asimismo, se notificará a Interpol para extender la búsqueda a nivel internacional.
Este mecanismo, inspirado en el modelo estadounidense creado en 1996, busca optimizar la capacidad de respuesta estatal durante las primeras horas de una desaparición, consideradas críticas para garantizar la integridad física de los menores.
