El proceso de adquisición de buques patrulleros (OPV) con el astillero Cardama se encamina a una compleja disputa judicial internacional. Según el analista Javier Bonilla, la falta de concreción en los contratos ya firmados derivaría en demandas millonarias por parte de proveedores globales como Terma (Dinamarca) y Escribano (España).
Puntos clave de la crisis:
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Litigios de alto costo: El Estado uruguayo estaría contratando bufetes de abogados en Madrid y Londres para enfrentar juicios por daños reputacionales e incumplimientos.
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Vulnerabilidad marítima: La falta de estas unidades deja a la Armada Nacional reducida a una «prefectura ampliada», sin capacidad real para controlar el narcotráfico, la pesca ilegal o el tráfico de personas en las 350 millas de soberanía.
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Fracasos recurrentes: Se critica el historial de compras navales fallidas (desde 2005 a la fecha) y el rechazo de ofertas técnicas superiores de Alemania y Francia en favor de opciones menos efectivas de China o Brasil.
La situación actual no solo compromete el patrimonio público por posibles indemnizaciones, sino que debilita la seguridad nacional y el prestigio de Uruguay ante el mercado de defensa internacional.




