El abogado David Martínez, representante legal de una funcionaria municipal, confirmó que la Justicia ratificó medidas cautelares en el marco de una denuncia por violencia de género en el ámbito laboral contra dos autoridades de la Junta Local de la Barra del Chuy.
La denuncia, enmarcada en la Ley 19.580, fue presentada por una trabajadora con más de 25 años de servicio, quien acusó a sus superiores de ejercer violencia de género que en el ámbito laboral. Durante la audiencia, la jueza especializada en violencia de género resolvió mantener la prohibición de comunicación y acercamiento por 180 días, en un radio de 100 metros respecto de la denunciante.
Martínez señaló que, si bien no se trató de un proceso penal, se presentó evidencia que incluye audios y un certificado médico psiquiátrico que respalda la afectación emocional de la funcionaria. Una de las partes denunciadas no declaró, dado que la resolución judicial ya estaba tomada.
Actualmente, la funcionaria se encuentra fuera del ámbito laboral, mientras los acusados continúan en funciones. El abogado expresó su preocupación ante la posibilidad de que la víctima sea trasladada como solución administrativa, lo que —a su juicio— podría interpretarse como una sanción injusta.
Tanto la resolución que tome el intendente como la postura del gremio ADOM(Asociación de Empleados y Obreros Municipales)serán clave para definir los próximos pasos. Martínez advirtió que si se perjudica a la trabajadora, el conflicto podría escalar a instancias gremiales o ante el Ministerio de Trabajo, a través de su unidad especializada en ambientes laborales.
